Hipocresía. No hay mejor palabra para lo que está pasando. Un Estado que no logra controlar al narcotráfico ni a las bandas que mandan en barrios, cárceles y economías locales, pero que sí actúa con rapidez cuando se trata de sacar gases, decretar estados de excepción y reprimir a quienes protestan porque no quieren cargar solos con la crisis. Esa diferencia lo dice todo: con el crimen es débil, con la gente común es duro.
Mientras el país lidia con la violencia criminal, el Gobierno decidió arrancar su “reordenamiento” económico subiendo el precio del diésel. No es un detalle técnico, es un golpe directo a quienes producen, transportan y sostienen la economía local. La reacción en las calles no es un capricho, es la voz de quienes no pueden aguantar que, de un día para otro, les cambien las reglas sin preguntarles nada.
Crimen organizado vs. protesta social
La doble vara salta a la vista. Contra el crimen organizado hay promesas y operativos que se quedan cortos, mientras comunidades enteras siguen bajo extorsión. Contra la protesta social, en cambio, la respuesta es inmediata, pues observamos derechos limitados, territorios militarizados y un silencio que se vende como paz. Pero un país frágil no necesita garrote ni decretos sorpresa, necesita confianza y reglas claras. Subir el diésel sin una transición pactada no solo encarece la vida, también frena la producción y genera más tensión.
Lo que el Gobierno no quiere discutir
El discurso oficial dice que el subsidio “termina en el contrabando y la minería ilegal” y promete que el transporte público no subirá gracias a compensaciones. Si es así, entonces la focalización debería ser clara y abierta, con padrones públicos, auditorías y cifras que cualquiera pueda verificar. Subir el precio a todos sin mostrar cómo se compensa no es reforma, es castigo.
Una reforma seria debería tener, al menos, tres cosas. Primero, un cronograma de transición que dure varios años, segundo, una mesa de diálogo donde realmente se escuche a los sectores afectados y, tercero, un plan para proteger a las economías locales de los impactos.
A todo esto se suma el frente legal. La Corte Constitucional suspendió el Decreto 148, con el que el Ejecutivo quería abrir la puerta a una Constituyente de “plenos poderes”. Tras ello, el Gobierno maniobró derogando dicho decreto y, de forma paralela, el CNE aperturó el calendario electoral para una consulta popular de solo dos preguntas. Con esta jugada, el Ejecutivo buscaba que, si la Corte volvía a pronunciarse en contra de un nuevo decreto con el mismo objetivo, se pudiera acusar a la CC de injerencia en el proceso electoral y se abriera la posibilidad de destituir a sus miembros. Finalmente, el CNE remitió el nuevo decreto a la CC, que en un primer momento se pronunció favorablemente sobre la vía para convocar una asamblea constituyente, quedando pendiente su control formal. Allí se definirá si procede o no, garantizando derechos de participación y reglas claras. Esa secuencia refleja una jugada oscura que pretendía romper el orden constitucional, la institucionalidad y una flagrante violación a la norma suprema. Un gobierno fuerte no es el que decreta más, sino el que sabe convencer y cumplir lo que promete.
Lo que debería hacerse
La salida es bastante clara. Derogar el Decreto 126 y reemplazarlo por un plan de focalización trabajado con los sectores productivos y con metas claras. Levantar el estado de excepción y volver al camino político, lo que incluye mesas públicas, compromisos y evaluaciones constantes.
Lo que está en juego no es solo un subsidio, es la manera en que se gobierna. Defender la protesta no significa defender el caos, significa pedir reglas claras y un Estado justo. Ecuador merece un gobierno que dialogue y respete la ley, no uno que reprima a su gente mientras cierra los ojos frente al poder del crimen.